Además de los educadores, deben intervenir las familias para orientar y supervisar el uso de la tecnología, los gobiernos para crear políticas de protección, las plataformas digitales para implementar medidas de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil para ofrecer programas educativos, y los profesionales de la salud mental para ayudar a los jóvenes con los efectos emocionales del uso digital.