Además del sector educativo, deben intervenir las familias, los organismos del Estado, las plataformas digitales y la sociedad civil. Las familias deben acompañar con diálogo y escucha. El Estado debe garantizar políticas de protección y educación digital. Las plataformas deben promover entornos seguros y responsables. Todos juntos podemos prevenir riesgos y fomentar una ciudadanía digital segura y respetuosa.