Además del sector educativo, deben participar las familias, capacitadas para acompañar con empatía y orientación; organismos gubernamentales que desarrollen políticas públicas y campañas de concienciación; las plataformas digitales, que deben garantizar entornos más seguros mediante políticas claras ; especialistas en ciberseguridad y psicología que asesoren en prevención y abordaje de casos; medios de comunicación responsables que eviten la revictimización y ONGs que promuevan educación digital